¿Ha muerto la democracia?

En los últimos años, una pregunta inquietante ha comenzado a resonar en salas de debate, redes sociales y conversaciones de café: ¿sirve aún la democracia representativa como modelo político? No se trata de una provocación, sino de una reflexión urgente ante un fenómeno que se repite con inquietante regularidad: los ciudadanos eligen a sus representantes con esperanza, estos asumen el poder con promesas grandilocuentes, y luego, una vez en el gobierno, olvidan sistemáticamente lo pactado, actúan según sus intereses partidistas y jamás rinden cuentas.

La democracia, tal como la conocemos, nació como un ideal de participación, transparencia y responsabilidad. Supuestamente, el poder emana del pueblo, y los gobernantes son sus representantes, no sus dueños. Pero hoy, esa idea suena cada vez más como una fábula del pasado. Lo que se ha convertido en práctica común es un ciclo vicioso: campaña electoral con discursos apasionados, triunfo en las urnas, incumplimiento de promesas, justificaciones vacuas y, en el mejor de los casos, una suerte de amnesia colectiva hasta las próximas elecciones.

No es un caso aislado. En múltiples países, tanto en América Latina como en Europa o Estados Unidos, hemos visto cómo partidos políticos llegan al poder prometiendo reformas sociales, combate a la corrupción, justicia económica o transparencia, para luego implementar políticas que benefician a élites, recortar derechos o desmantelar programas esenciales. Y cuando se les cuestiona, responden con frases hechas: “las circunstancias cambiaron”, “el contexto internacional no lo permitía”, “teníamos que tomar decisiones difíciles”. Excusas que, tras años de repetición, ya no engañan a nadie.

No es un caso aislado. En múltiples países, tanto en América Latina como en Europa o Estados Unidos, hemos visto cómo partidos políticos llegan al poder prometiendo reformas sociales, combate a la corrupción, justicia económica o transparencia, para luego implementar políticas que benefician a élites, recortar derechos o desmantelar programas esenciales. Y cuando se les cuestiona, responden con frases hechas: “las circunstancias cambiaron”, “el contexto internacional no lo permitía”, “teníamos que tomar decisiones difíciles”. Excusas que, tras años de repetición, ya no engañan a nadie.

La democracia, en su forma actual, se ha convertido en un sistema de legitimación de poder más que en un mecanismo de transformación social. Las elecciones sirven para dar una fachada de legitimidad, pero no garantizan ni cumplimiento, ni rendición de cuentas, ni consecuencias reales por el mal desempeño. Es como si eligiéramos a un médico que promete curarnos, pero luego nos receta veneno, y cuando le confrontamos, solo sonríe y dice: “Lo hice por tu bien”.

¿Y qué pasa si un gobierno actúa contra el interés público? ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo juzga? ¿Quién lo sanciona? En teoría, existen contrapesos: parlamentos, tribunales, medios de comunicación. Pero en la práctica, muchos de estos mecanismos están politizados, cooptados o debilitados. Los medios dependen de intereses económicos, los parlamentos se convierten en cámaras de eco partidista, y los tribunales, en algunos casos, actúan más como guardianes del statu quo que como defensores de la justicia.

Es hora de plantearse seriamente: ¿no necesitamos un nuevo modelo? No se trata de abolir la democracia, sino de reformarla radicalmente. Sí, el pueblo debe elegir. Pero también debe exigir cumplimiento. Debería existir un **Consejo de Rendición de Cuentas Independiente**: un organismo técnico, no partidista, compuesto por expertos en ética, derecho, economía y ciencia política, con facultades reales para auditar el desempeño gubernamental, investigar incumplimientos y, en casos graves, recomendar la destitución de funcionarios o incluso convocar elecciones anticipadas.

Imaginemos un sistema donde cada partido presente un programa electoral con metas concretas, medibles y con plazos definidos. Una vez en el poder, un ente independiente evaluaría trimestralmente su cumplimiento. Si un gobierno incumple de forma reiterada, o actúa con negligencia o corrupción, no esperaríamos cuatro años para cambiarlo. El Consejo podría activar un mecanismo de revocación, con participación ciudadana, y convocar nuevas elecciones. No como un golpe, sino como una herramienta de corrección democrática.

Porque el problema no es la democracia en sí, sino su corrupción institucional. El problema es que hemos permitido que se convierta en un teatro donde los actores cambian, pero la obra sigue siendo la misma: promesas vacías, poder sin límites y ciudadanos desencantados.

La democracia no puede seguir siendo solo una ceremonia cada cuatro o cinco años. Tiene que ser un contrato vivo, exigente, con cláusulas de rescisión. Si un gobernante no cumple, debe haber consecuencias. Si miente, debe haber sanciones. Si falla, debe haber rendición de cuentas.

Porque si no, lo que llamamos democracia no será más que una ficción. Y los pueblos, cansados de promesas incumplidas, podrían empezar a buscar respuestas en lugares mucho más peligrosos.

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— Luz en la Red