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No estamos ante una reforma reglamentaria más. Lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados no fue un mero ajuste burocrático, sino un golpe frontal a uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: la libertad de prensa. Con la aprobación de la reforma del Reglamento, el PSOE y sus socios de investidura —Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG— han dado vía libre a un mecanismo que permite sancionar a los periodistas simplemente por hacer su trabajo: preguntar, investigar, incomodar.
¿En qué distopía vivimos cuando un grupo de políticos puede castigar a un periodista por una pregunta incómoda? Porque eso es exactamente lo que permite esta reforma. A partir de ahora, la libertad de información en el Congreso ya no depende de un criterio técnico o neutral, sino de la Mesa de la Cámara, un órgano político dominado por el PSOE y Sumar. Es decir, los mismos que están siendo cuestionados por la prensa son ahora quienes tendrán el poder de sancionarla.
El instrumento de este control es el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, una figura de nueva creación, compuesta por representantes de los grupos parlamentarios —o sea, políticos— y entidades profesionales cuya independencia queda en entredicho. Este consejo emitirá informes que, aunque según los letrados del Congreso deberían ser meramente consultivos, en la práctica se utilizan como base probatoria para imponer sanciones. Y aquí está la trampa: en el texto final de la reforma se omitió expresamente que estos informes no son vinculantes. Una omisión deliberada que abre la puerta a su uso arbitrario.
Pero no queda ahí. El procedimiento sancionador permite que, una vez iniciado, el Consejo tenga 15 días para elaborar un informe "en el que podrá proponer, en su caso, la adopción de sanciones". Luego, la Mesa del Congreso —la misma que inició el procedimiento— será quien lo resuelva. ¿Dónde está la garantía? ¿Dónde está la imparcialidad? No la hay. Es un círculo vicioso: el poder político acusa, juzga y sanciona.
Y aún es más grave: el testimonio de un jefe de prensa de partido podrá usarse como prueba para sancionar a un periodista. Los propios letrados advirtieron que estas personas no tienen la obligación de imparcialidad que sí tienen los poderes públicos, y que basar una sanción solo en su palabra podría "condicionar negativamente la libertad de prensa". Pero sus advertencias fueron ignoradas. ¿Qué mensaje se envía? Que si un político se siente ofendido, basta con que su jefe de prensa diga que el periodista fue "inapropiado" para que se inicie un expediente. Preguntar con dureza, exigir cuentas, mostrar contradicciones: todo eso puede convertirse en una "infracción".
Peor aún, los periodistas sancionados solo podrán recurrir… ante la misma Mesa que los sancionó. No hay instancia independiente, no hay garantía de defensa. Es el colmo del autoritarismo disfrazado de reglamento parlamentario.
¿Qué queda entonces de la libertad de expresión? Nada. Queda enterrada bajo una fachada de legalidad, pero con un propósito claro: acallar a la prensa incómoda. A esa que no se limita a repetir discursos, sino que desenmascara, investiga, interpela. La prensa "díscola", como la llaman con desprecio en el texto.
Estamos entrando en una distopía donde el poder no solo se defiende, sino que se protege de la verdad. Donde la crítica se convierte en falta, y la información incómoda en delito de lesa majestad mediática. Donde los periodistas tendrán que pensar dos veces antes de levantar la mano en una rueda de prensa, por miedo a una sanción política.
Esto no es vigilancia. No es orden. Es censura institucionalizada. Y si no lo paramos ahora, mañana no quedará nadie que pueda contarlo.
Bienvenidos al futuro. Donde la democracia tiene límite de palabra… y el periodista que se pasa, paga.