La nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se encuentra en el foco tras conocerse que, durante su etapa como responsable de Obras Públicas en la Generalidad Valenciana, autorizó un importante incremento presupuestario en una obra ferroviaria adjudicada a una constructora vinculada a la trama que investiga el Tribunal Supremo, según avanza The Objective.
La actuación cuestionada tuvo lugar en Benidorm, donde se ejecutó el paso subterráneo de la avenida Beniardá, una infraestructura enmarcada dentro del tranvía metropolitano de Alicante y sufragada con financiación europea. El contrato fue otorgado a finales de 2021 a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), propiedad del empresario José Ruz, imputado en la red de presuntos amaños que salpica al exministro José Luis Ábalos y a su entorno.
La adjudicación inicial se firmó por un importe de 4,3 millones de euros, lo que representaba una bajada del 15% respecto al presupuesto base de licitación, que ascendía a 5,1 millones (sin IVA). Esa oferta económica a la baja fue clave para que LIC se impusiera a otras compañías, a pesar de que su propuesta técnica no era la mejor valorada, siendo superada, por ejemplo, por Aldesa Construcciones.
Sin embargo, el coste final de la obra superó la cantidad presupuestada en origen. Tras la llegada de Torró al frente de la Consejería en mayo de 2022, se introdujeron dos modificaciones contractuales que elevaron la factura total hasta los 5,2 millones de euros, es decir, un 19,8% más que el importe inicialmente adjudicado. El último de esos cambios fue aprobado apenas unos días después de la debacle socialista en las elecciones autonómicas de 2023.
El 7 de junio de ese año, ya con el gobierno autonómico en funciones, la Consejería de Obras Públicas dio luz verde a un aumento de 865.313,07 euros (sin IVA), a favor de la empresa de Ruz. Esta decisión fue tramitada por Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana (FGV), bajo la dirección de Anaïs Menguzzato, persona muy próxima a Torró y exconcejala del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia.
La legalidad de esa modificación presupuestaria ha sido puesta en entredicho por varios especialistas en contratación pública. Según las fuentes consultadas, en los pliegos de licitación no se contemplaba la posibilidad de revisar al alza el contrato. Aunque el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público permite algunas alteraciones, debe justificarse debidamente que responden a circunstancias imprevistas, que no cambian el objeto del contrato y que no sobrepasan ciertos límites económicos.
En este caso, los informes técnicos en los que se apoyó la resolución se limitaban, según los expertos, a enumerar nuevas necesidades sin especificar qué partidas se suprimían ni por qué no se planificaron desde el inicio. Este vacío documental debilita los argumentos esgrimidos para justificar el incremento.
Pese a que el nombre de la constructora adjudicataria no había trascendido hasta ahora, el vínculo de LIC con la red investigada por el Supremo y su proximidad a los núcleos de poder del socialismo valenciano añaden un nuevo capítulo a las sospechas sobre adjudicaciones opacas. El contrato definitivo fue firmado el 27 de junio de 2023, cuando Torró ya había quedado en funciones y el gobierno autonómico socialista se preparaba para el relevo.
La operación, finalmente, benefició a una empresa salpicada por causas judiciales, adjudicándosele una obra clave con una puntuación económica que compensó su menor calidad técnica. De las 16 compañías que concurrieron a la licitación, sólo LIC logró hacerse con el proyecto, en un proceso donde ahora se cuestiona si se respetaron los principios de igualdad de trato y transparencia.